Lástima que el Parlamento Europeo no sea precísamente el organismo con más poder decisorio ni en ésta ni en muchas otras materias. La criminalización de las redes P2P y la conversión de los operadores en policías son puntos que, por desgracia, se quieren imponer desde esferas políticas mucho más altas. Y lo más peligroso de todo es que entidades como la SGAE meten baza para implantar este sistema en España, como también se intenta en Francia y Gran Bretaña.

En cualquier caso, lo que ha votado el Parlamento Europeo es sólo un informe, centrado en la seguridad y la protección de las libertades individuales en Internet. Un texto con el que se pretende advertir al resto de instituciones y países de la Unión de los riesgos que conllevaría semejante política. Empezando por el más evidente de todos: si un operador "espía" a sus clientes para ver si usan eMule o BitTorrent, estaría violando el derecho a la intimidad y los reglamentos de protección de datos confidenciales.

Es lo que en la Eurocámara denominan "la identidad digital", algo que "se está convirtiendo en parte integrante de nuestro ‘yo' y, por lo tanto, merece protección adecuada y eficaz contra las intrusiones de agentes privados o públicos". Pero también hay otro argumento que no suele usarse en estos debates: el analfabetismo electrónico o digital que podría crearse desde el momento en que se comience a cortar la conexión de los usuarios.

"Será el nuevo analfabetismo del siglo XXI", según el informe aprobado por la inmensa mayoría de eurodiputados, quienes coinciden en que "asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet significa garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a la escolarización". Un argumento muy válido. El problema es que la mayoría de políticos y directivos de industrias como la discográfica, de esos que van con traje y corbata, ya son unos completos analfabetos electrónicos, digitales y hasta funcionales.